Por: Malka Mekler
La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) hace un fuerte llamado de atención y de alerta ante la realidad nacional tras la noticia sobre la salida del país de la empresa Lala, la cual generaba fuentes de empleo y encadenamientos con varios sectores productivos y comerciales.
“Es lamentable que en momentos en que se requiere reactivación económica y generación de empleo, se produzca el cierre del Grupo Lala, que traslada sus operaciones a otros países. El país ha perdido competitividad y esto debe ser un llamado de alerta a nuestras autoridades responsables de apoyar la competitividad del país”, mencionó Carlos Montenegro, Director Ejecutivo CICR.
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Para el presidente de CACIA, Maurizio Musmanni, es importante exponer que la coyuntura actual impone el deber de señalar las razones por las cuales el país dejó de generar las condiciones para que este tipo de compañías se establezcan en el país. “Desde hace varios años venimos señalando diversos factores que desmejoran el clima de inversión y las condiciones que el país requiere para generar más y mejor empleo”, acotó.
Dentro del llamado la CACIA reprocho la falta de avances en materia de aperturas de mercados energéticos en materia de tarifas competitivas internacionales y sostenibles a largo plazo. Asimismo, lamentaron el debilitamiento de la política comercial del país, la cual dejó de buscar mayor transparencia, mejor logística, seguridad, eficiencia de pasos aduaneros, coherencia y armonización regulatoria y libertad del comercio regional centroamericano.
Además, recalcan la mala utilización de los mecanismo de defensa comercial, los cuales han sido sustituidos por criterios políticos que al final reducen la competencia en productos esenciales en la cadena de abastecimiento. También, mencionan la insensibilidad por parte del gobierno ante la necesidad de eliminar las distorsiones en los sistemas de precios de alimentos de diversa índole.
Cabe destacar la preocupación que tiene la industria por parte de los Diputados, consideran que estos buscan sancionar a la industria alimentaria con más regulaciones, etiquetados de advertencia, impuestos específicos, los cuales reducen el consumo y tienen la capacidad de destruir valor de marcas y compañías.
Dos puntos sumamente importantes es el gran riesgo que corre cualquier empresario cuando el gobierno actúa a favor de más y mayores impuestos, en vez de liderar reformas estructurales que brinden eficiencia al Estado. En segundo lugar está la gran incertidumbre que hay ante la inversión en el país.
“Al igual que cualquier sector productivo, la industria alimentaria demanda acción y coherencia en la política pública, las cuales son características ausentes de nuestra actual coyuntura política y económica”, finalizó Musmanni.
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