Por: Carlos Felipe Jaramillo, Banco Mundial
La economía digital, la conectividad y las posibilidades que ofrece el trabajo remoto asomaron para amplios sectores sociales y económicos de América Latina y el Caribe como un resguardo frente a los efectos devastadores de la pandemia de covid-19. Pero no todos tienen esa posibilidad.
El acceso a banda ancha de Internet no llega al 50% en la región, lo que se traduce en exclusión digital y menos oportunidades para muchos. Hace ya algún tiempo se habla de los “pobres digitales”. En tiempos de coronavirus esto significa que millones de personas -demasiadas- no acceden a posibilidades de empleo remoto, educación y formación profesional en línea, o servicios financieros, entre otros beneficios.
La naturaleza del trabajo está cambiando y hay tendencias que persistirán aún después de la pandemia. Las plataformas digitales, por ejemplo, ofrecen oportunidades antes impensables tanto a profesionales y proveedores de servicios como a trabajadores independientes y pequeños productores y comerciantes de comunidades rurales. Además del mercado nacional, hay enormes posibilidades de ofrecer productos y servicios en el mercado internacional.
Pero para subirse al tren de la economía digital será indispensable expandir la conectividad. El reciente informe del Banco Mundial (BM) Efecto viral: COVID-19 y la transformación acelerada del empleo en América Latina y el Caribe destaca, entre otras cosas, la importancia vital que tiene ampliar drásticamente el acceso a Internet y la penetración de la telefonía inteligente en el nuevo entorno laboral. Lamentablemente, la nuestra corre detrás de otras regiones del planeta. Exhibe una brecha digital que en lugar de promover la igualdad tiende a exacerbar las inequidades.
Cerrar esa brecha, promover la creación de capital humano y abrir oportunidades en el mercado laboral del futuro a la enorme masa de trabajadores que hoy integran la economía informal, fuertemente golpeada por la pandemia, son desafíos impostergables.
Latinoamérica se ha visto duramente impactada por la pandemia, con una caída del PIB regional en 2020 proyectada en un 7,9%. Unos 25 millones de puestos de trabajo podrían desaparecer. En términos de pobreza habremos perdido buena parte de las conquistas logradas durante las dos últimas décadas. Según nuestras estimaciones, incluidas en el informe semestral “El costo de mantenerse sano”, presentado días atrás, más de 50 millones de personas podrían volver a caer en la pobreza este año. Es un escenario francamente desolador, agravado por la limitada capacidad fiscal que hoy tienen los países de la región.
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Todos conectados
La creación de empleos es la vía más efectiva para erradicar la pobreza. Es fundamental por lo tanto dinamizar las economías de la región a medida que encaramos la recuperación pospandemia. Esto requiere fomentar la producción, el comercio y la oferta de servicios, actividades que en buena parte tienen ya una base digital.
Pero, para aprovechar las oportunidades de crecimiento que hay en muchos sectores de la economía, será necesario promover la innovación, mejorar la productividad y, sobre todo, dar un fuerte impulso a la inclusión digital. Las ventas a través de plataformas de comercio electrónico, los servicios en línea y la supervivencia de miles y miles de pequeñas y medianas empresas durante la etapa de distanciamiento social fueron posibles gracias al acceso a Internet en millones de hogares.
Muchos más deben estar conectados. El BM aprobó en junio un programa de US$94 millones para apoyar la transformación y la inclusión digital en el Caribe. Además, hace unos días se dio luz verde a un proyecto de aceleración digital para Haití, con fondos por US$60 millones. Y en Brasil estamos asesorando al gobierno en el registro de trabajadores informales mediante el uso de sistemas digitales de identidad, para que puedan recibir asistencia económica. La etapa de reconstrucción de nuestros países va a exigir más programas como estos.
En medio de la emergencia, los gobiernos de la región deberán hacer un uso muy eficiente de recursos que son limitados. La asistencia directa a los sectores más vulnerables probablemente será necesaria por algún tiempo más y también será fundamental reducir el endeudamiento público hasta niveles sustentables. Estas prioridades competirán con las inversiones clave para crear empleo y desarrollar la infraestructura que permita reconstruir las economías, así como el apoyo imprescindible para mejorar la conectividad y el acceso a banda ancha de Internet.
Los beneficios serán tanto inmediatos como de largo plazo. Garantizar un mejor acceso a Internet para todos equivale a multiplicar las posibilidades educativas, formativas y laborales de la población. Es decir, dotarla de más herramientas para encarar los enormes desafíos del futuro.
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