Por: Modesto Vargas, Asociado de Bufete Facio & Cañas
(M&T)-. La ampliación de la tributación a la generalidad de los servicios y en particular de los servicios digitales ha hecho que el IVA haya tenido un repunte en este 2021 tal y como lo revela un estudio de la CEPAL. Claro que las proyecciones del Hacienda respecto de la finalización de las exenciones en el sector turismo y construcción no fueron las esperadas debido a la ampliación en la aplicación de estas, pero que, al fin y al cabo, pretenden estimular estos dos importantes sectores.
La gradual reactivación económica producto del proceso de vacunación contra el Covid-19 plantea un escenario de crecimiento que sobrepasa las proyecciones del propio Banco Central de Costa Rica a inicios del año. Sumado al efecto de la ley de Alivio Fiscal que favoreció los flujos de caja de muchos contribuyentes en época pandémica.
Esto fue reconocido por la OCDE que como plantea el Ministerio de Hacienda, “reconoció los esfuerzos que ha venido realizando el país tras la aprobación de la reforma fiscal del 2018. Aunque la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ha permitido hacer frente a los retos generados por la pandemia, se reafirma la necesidad de avanzar con el nuevo plan fiscal para atender los efectos de la crisis y detener el crecimiento de deuda pública, para así reestablecer la sostenibilidad fiscal y garantizar la estabilidad macroeconómica”.
Le puede interesar Desarrollar inmunidad ante la ciber pandemia será el gran reto del 2022
Y por supuesto, que la agenda con el Fondo Monetario Internacional es un elemento fundamental en la esperada reactivación lo que al menos desde la perspectiva del informe de la comisión del FMI que revisó el avance de las metas esperadas para asegurar el resto de los desembolsos en octubre pasado denota un avance positivo en la dirección correcta según sus expectativas.
Sin embargo, este breve pasaje por el optimismo en las finanzas públicas debe enfrentarse con la polémica sobre la ley de empleo público, la reforma al régimen de exenciones (salario escolar, rendimientos de los fondos de pensiones complementarios, por ejemplo), y el proyecto de renta dual, todos temas que están en la actual asamblea legislativa que al igual que el gobierno de turno está cerca de terminar su periodo debido a la cercanía de las elecciones en febrero próximo.
Reformas que tienen conexión directa con el citado empréstito con el FMI. En caso de no lograrse el panorama con los futuros desembolsos podría verse comprometido. Sin olvidar lo que pasó con el fallido intento de reducción al impuesto sobre la propiedad de vehículos.
Así las cosas, el panorama fiscal para el final de este 2021 y el 2022 se visualiza como retador sin lugar a duda desde la perspectiva país. Pero además de esto, la situación en las perspectivas del cierre fiscal para los contribuyentes también representa retos importantes.
Sobre todo, ante el hecho ineludible de necesidad de sanear las finanzas públicas, lo que supone en cualquier escenario ajustes a nivel de tributos y por supuesto de gasto público. En esta línea, la elección del próximo gobierno y su línea programática respecto del tema tributario resultará fundamental para ver como se proyecta el clima fiscal para el 2022.
Por supuesto, que la mayoría de los candidatos negaran hacer ajustes por el lado de los impuestos por la cuota política que eso les representaría. Pero puestos en el poder, seguramente la presión de las finanzas públicas y de los organismos internacionales los atraerá a ese enfoque.
En fin, bajo la premisa de la inevitabilidad del ajuste por la vía de los impuestos, para el 2022 se espera que la discusión continúe respecto del proyecto de Renta Dual, que en caso de aprobarse (habrá que ver la versión final) representará un cambio copernicano en los deberes formales y materiales de las personas físicas con actividades lucrativas en nuestro país, dado que está busca homologar el tratamiento de las rentas del trabajo en relación de dependencia y las rentas de las personas físicas con actividad lucrativa, a las que se le aplica una escala de tarifas progresiva, manteniendo, por su parte, las rentas del capital con una tarifa proporcional.
Por otra parte, veremos la viabilidad política del proyecto (expediente 22.680) para eliminar el IVA de los servicios de transporte y distribución de combustibles, como mecanismo para buscar una disminución en el precio de los combustibles.
Sin que se pueda dejar de lado la discusión que en materia de contribuciones de la CCSS está en su punto culminante respecto de los trabajadores independientes que han literalmente huido en estampida ante los enormes cobros de hasta 15 años que la entidad está desarrollando, y en donde, recientemente la Sala Constitucional ha detectado vicios de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley (expediente 21.522) que pretendía una amnistía con el objeto de traer al redil nuevamente a este importante grupo de actividad económica. (Aproximadamente 117 trabajadores) Ahora se ventila otro proyecto de ley donde se abre la discusión en materia de prescripción respecto de estas mismas contribuciones a la seguridad social como tributos parafiscales que son. De nuevo, la Asamblea tiene poco tiempo para buscar nuevas alternativas y ya estamos en la carrera por Zapote.
En resumen, tenemos ante nosotros un enorme reto fiscal post-pandémico que nos llevará a terrenos inexplorados. Veremos que sucede.
Comments