Buena parte de los fondos que en estos momentos fluyen desde el Banco Mundial, el FMI, otros bancos regionales de desarrollo o los bancos centrales se destinan a proporcionar recursos para equipos de protección en los hospitales, estabilizar las instituciones financieras, pagar a las empresas para que suministren bienes y servicios a los trabajadores esenciales o prestar apoyo monetario directo a los hogares.
Al mismo tiempo, en algunos países se han iniciado ya los trabajos preliminares sobre cómo debe ser la próxima fase de recuperación, la cual puede ayudar a crear prosperidad y resiliencia al contribuir al potencial de los países en su camino hacia el desarrollo, así como a su sostenibilidad a largo plazo.
Por ello, son muchos los factores que los Gobiernos deben sopesar a la hora de elaborar su paquete de estímulos: las necesidades inmediatas, la capacidad institucional local, las condiciones del mercado, el margen de maniobra para obtener préstamos y el legado de las decisiones de inversión en infraestructura adoptadas en el pasado. Otros criterios que se deben evaluar en las intervenciones o inversiones de estímulo son su potencial de creación de empleo, el tiempo que lleva la puesta en marcha del proyecto, la posibilidad de que los fondos públicos ayuden a movilizar financiamiento privado para seguir apoyando un proyecto y el impacto en la trayectoria del carbono a largo plazo del país.
De acuerdo con el Banco Mundial, esta fase abarca dos escalas temporales: la de las necesidades a corto plazo para crear el mayor número posible de empleos, ingresos y demanda económica lo antes posible; y la de las necesidades a largo plazo para lograr un crecimiento y una prosperidad sostenibles. Así, a corto plazo, hay tres consideraciones principales:
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Creación de empleo: en la que se toma en cuenta el número de trabajos creados por cada dólar invertido, pero también los tipos de trabajos creados y quiénes se benefician de ellos, así como la adecuación entre las aptitudes necesarias y las disponibles en la fuerza laboral a nivel local.
Impulso a la actividad económica: centrada en el efecto multiplicador económico que puede aportar cada intervención, la capacidad de un proyecto para sustituir directamente la demanda que falta y sus repercusiones en los niveles de importación o en la balanza comercial nacional.
Oportunidad y riesgo: en la que se evalúa si el proyecto genera beneficios en el estímulo y el empleo a muy corto plazo y si son duraderos incluso ante la posible reimposición de medidas locales de cuarentena.
A largo plazo, un proyecto también debe brindar su apoyo a los países en tres dimensiones:
Potencial de crecimiento a largo plazo: en el que se considera su impacto en el capital humano, natural y físico. Por ejemplo, algunos proyectos funcionan mejor en el perfeccionamiento del capital humano, mientras que otros pueden promover el uso de tecnologías más eficientes, proporcionar importantes bienes públicos como modernas fuentes de energía o saneamiento, o abordar las deficiencias del mercado.
Resiliencia frente a perturbaciones futuras: con intervenciones para fortalecer la capacidad de las sociedades y las economías para hacer frente a las perturbaciones externas y recuperarse de ellas, como el Covid-19, pero también otras formas de desastres naturales y los futuros efectos del cambio climático.
Trayectoria de descarbonización y crecimiento sostenible: con medidas de apoyo y difusión de tecnologías verdes, como inversiones en redes que faciliten el uso de energía renovable y vehículos eléctricos, u opciones de baja tecnología como la reforestación y la restauración y ordenación de paisajes y cuencas hidrográficas.
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