Geraldine Varela / geraldine.varela@connectab2b.com
Las gremiales empresariales de El Salvador fijaron postura ante los hechos ocurridos en el país el pasado domingo 9 de febrero, luego de que el Gobierno de El Salvador (GOES), específicamente el Ejecutivo, encabezado por el presidente Nayib Bukele, decidiera tomarse la Asamblea Legislativa usando policías antimotines y soldados, con el propósito de presionar a los diputados a que dieran su aprobación para un préstamo por US$109 millones que el Ejecutivo ha solicitado para financiamiento de la fase III de su plan de seguridad “Control Territorial”.
De acuerdo a los empresarios, esta acción ha dañado seriamente la imagen del país y creará una inestabilidad de seguridad jurídica que podrían frenar inversiones extranjeras. “La confianza de un país se construye tras un gran esfuerzo, tras mucho tiempo pero la confianza de la misma manera se puede destruir en un solo instante, en un acto militar como el que vimos el domingo”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), Javier Steiner.
“Los inversionistas cuidan sus recursos, sus ahorros y no lo van invertir en un lugar donde no hay las garantías suficientes de que va existir la estabilidad y seguridad que permita que sus inversiones estén aseguradas de cara al futuro”, añadió Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). El empresario mencionó que tras lo ocurrido el fin de semana, El Salvador ha destacado de forma negativa en los medios internacionales, lo que puede afectar en los planes de crecimiento económico.
Los titulares de la CAMARASAL y la ANEP, recordaron la importancia que las inversiones extranjeras tienen en cuanto al crecimiento económico del país.
También el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Eduardo Cáder, expresó en su cuenta de Twitter: “Económicamente estamos bajo la lupa de las calificadoras internacionales que miden estabilidad política y crecimiento o desarrollo económico. No boten imagen lograda”.
El presidente Nayib Bukele, previo a militarizar la Asamblea y neutralizar la seguridad del Parlamento, llamó a sus seguidores a una “insurrección” si los diputados no aprueban el préstamo por US$109 millones, dinero que invertirá en un buque, helicópteros y US$25.8 millones se destinarán a la adquisición de cámaras de seguridad a una empresa mexicana cuestionada, que además, pagó un costoso viaje al viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna.
Por el momento, la discusión sobre la aprobación del préstamo está parcialmente detenida en la Asamblea. Para aprobar el préstamo se necesitan que 43 diputados den sus votos a favor y así el Ejecutivo está autorizado a suscribir el convenio con el organismo que dará los fondos. Luego, el Ejecutivo debe volver a remitir a la Asamblea el préstamo autorizado para que los diputados lo ratifiquen. En este último paso, al menos 56 diputados deben concurrir con sus votos a favor.
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