(M&T).- Diferente medios internacionales especializados en temas Bitcoin ha publicado recientemente que Honduras estaría preparando una ley para convertir a ese criptoactivo en moneda de curso legal.
La ley podría concretarse en las próximas semanas y los indicios de ello los habría dado, precisamente, la presidente hondureña Xiomara Castro.
“No debemos permitir que El Salvador sea el único país que escape a la hegemonía del dólar (…) Honduras tiene derecho a avanzar hacia los países del Primer Mundo”. Comento La presidenta Hondureña Xiomara Castro.
El impacto que tendría el criptoactivo en la economía hondureña se desconoce, pero al ser, tentativamente, el segundo país que podría adoptar el Bitcoin tras El Salvador, el contexto salvadoreño podría ser un buen espejo sobre lo que sucedería.
Después de de seis meses de haber legalizado dicha criptomoneda en El Salvador, la población simplemente no la ha adoptado en el uso diario, según datos de distintas instituciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), las cuales han arrojado la ínfima presencia del criptoactivo en las transacciones del día a día.
El Bitcoin para El Salvador ha significado un enorme gasto gubernamental debido a los esfuerzos del presidente Bukele por impulsar su uso, ya sea a través de los bonos de bienvenida en la billetera Chivo o a través de la compra de hasta 1,891 Bitcoin.
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Estas dos acciones le costaron ya al país cerca de $200 millones, según los pocos datos que se conocen, sin contar otro tipo de gastos como la contratación de empresas para el desarrollo de la billetera estatal o la contratación del personal que trabaja para dicha plataforma y que se encarga de promoverla en distintos puntos del país.
También, una afectación que ha visto el país por el tema Bitcoin es la percepción en los mercados internacionales, pues desde que fue aprobada dicha ley, dos de las principales calificadoras de riesgo, como Moody’s y Fitch Ratings, han degradado la calificación crediticia a categoría de “bonos basura”, algo que se suma a las observaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional (FMI) acerca de los riesgos de adoptar una criptomoneda tan volátil en una economía como la salvadoreña.
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