El Icefi presentó el documento Perfiles Macrofiscales de Centroamérica número 11, que contiene el análisis de la situación fiscal de la región centroamericana al cierre de 2018 y su comparación con los períodos previos, y concluyó que las estrategias fiscales de los países de la región en los últimos años, han privilegiado la sostenibilidad de la deuda y se han alejado paulatinamente de la búsqueda del bienestar común, como lo mandan sus cartas magnas. Conforme el documento Perfiles Macrofiscales de Centroamérica en su décima primera edición, publicado este día por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) el gasto público promedio de la región bajó al 18.3% del PIB en 2018, luego de registrar 18.4% en 2017 y 19.0% en 2016. Conforme los presupuestos aprobados por los seis países de Centroamérica, el gasto público al final de 2019 alcanzaría 18.2%, reportando el cuarto año consecutivo de disminución.
Los países que han adoptado con mayor énfasis una política de austeridad son Honduras, cuyo gasto se redujo desde el 20% del PIB en 2017 al 19.1% en 2018 y estima 19.0% en 2019; Panamá que redujo su gasto desde 17.1% en 2017 al 16.6% en 2018 y Costa Rica que registró una contracción desde el 20.5% en 2017 al 20.2% en 2018.
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La contracción del gasto hondureño se debe primariamente a un plan de ajuste fiscal que inició en 2014 y que involucró el incremento de las tasas de impuestos, especialmente del IVA del 12% al 15%, con el fin de controlar el crecimiento acelerado de la deuda; mientras que la reducción del gasto de Costa Rica derivó del plan de austeridad implementado por recién electo Presidente Carlos Alvarado, para evitar un aumento del déficit y de la deuda que ya sobrepasa el 50% del PIB; por su parte, Panamá redujo su gasto como consecuencia primaria de serias dificultades en la ejecución de los planes de infraestructura previstos por su Gobierno y que desembocaron en una masiva huelga de empleados de la construcción en el primer semestre de 2018. En sentido contrario, los Gobiernos que aumentaron su gasto fueron El Salvador, que incrementó el tamaño del Gobierno Central del 21.5% en 2017 al 22.2% en 2018, como consecuencia, tanto de la transparencia en los gastos vinculados al sistema previsional, como del incremento de los mismos por el proceso electoral que vivió dicho país; también Guatemala aumentó ligeramente su gasto del 12.1% en 2017 al 12.3% en 2017 y Nicaragua, a pesar de la profunda crisis política, sin precedentes en las últimas dos décadas, registró un aumento del 19.4% en 2017 al 19.6% en 2018. La reducción del gasto regional en 2018 se manifestó en los gastos de inversión, que se contrajeron de 3.6% al 3.5% del PIB y que tendrá alguna repercusión en el largo plazo, tanto en la construcción de mejores condiciones de vida de la población, como en el aumento de la productividad de los países, lo que repercutirá en su competitividad mundial.
Es cierto que la mayor parte de los gobiernos de la región han privilegiado la sostenibilidad de la deuda como objetivo fundamental de política fiscal, incluso incluyendo en su legislación tributaria reglas fiscales explícitas que tratan de establecer condiciones de largo plazo sobre las que se debe orientar el gasto público, olvidando los aspectos fundamentales de su carta magna en la que debe privilegiarse la búsqueda del bien común, pero también es cierto, que existe una fuerte percepción de aumento en la corrupción y en el desvío de los fondos públicos, ambos factores que provocan un serio deterioro de la moral tributaria de los contribuyentes.
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