En la línea de mejorar los procesos aduaneros, el Ministerio de Hacienda realizó la inauguración de las nuevas oficinas del puesto fronterizo, con lo que buscarían mejorar el proceso actual para optimizar las operaciones.
(M&T)-. La Aduana Terrestre El Amatillo es un proyecto que fue pensado en mejorar la seguridad fronteriza, la facilitación del comercio y agilizando el tránsito de mercancías.
“Esta es la Aduana más importante del país en materia terrestre y estuvo descuidada por mucho tiempo. Ahora tenemos más de 5 km de carretera nueva, casi 500 mts cuadrados de cuartos refrigeradores y un sistema de gestión que agilizará los trámites”, expresó el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
Las oficinas cuentan con un sistema informático para el control del flujo vehícular tanto para entrada como salida del control, ya que por este punto fronterizo transitan 400,000 medios de transporte al año, lo que representa más de US$2 mil millones en valor de mercancías anualmente.
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Esta inauguración permite automatizar los procesos ya que cuenta con una simplificación de los trámites aduaneros y disminuirá los tiempos de despacho. Según la medición, se ha mejorado el proceso de espera de hasta seis horas a uno de tres horas.
Además, informaron que el promedio de tiempo de atención en ventanilla tomará 5 minutos para ser despachado, siempre y cuando se cuente con toda la documentación.
“Lo más importante es que sepamos que El Salvador está recuperando el liderazgo que tuvo durante muchos años en Centroamérica y que ahora se hace notar nuevamente. Esta nueva Aduana es solo una muestra de lo que los salvadoreños podemos hacer”, dijo el Ministro Zelaya.
El Amatillo se convierte en el primer recinto con implementación de un nuevo modelo de control diseñado para el trabajo coordinado entre instituciones nacionales, ya que alberga a personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Salud (MINSAL) y Policía Nacional Civil (PNC).
La inversión para este proyecto asciende a US$26.4 millones, los cuales fueron financiados en partes iguales por el Gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos, por medio del compacto FOMILENIO II.
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