Geraldine Varela / geraldine.vaela@grupocerca.com
El Salvador ha vivido por más de una década el fenómeno de la doble carga de la malnutrición. Actualmente, 1 de cada 6 niños presenta desnutrición crónica y 6 de cada 10 adultos tiene sobrepeso u obesidad, condiciones que plantean preocupantes consecuencias individuales y colectivas limitando el desarrollo del país. El impacto económico de la desnutrición, sobrepeso y obesidad en dicho país centroamericano ascendió a US$2,559 millones en el 2017.
Estos datos fueron dados a conocer en el informe “El Costo de la Doble Carga de la Malnutrición, Impacto Social y Económic0”, que incluye principalmente cifras del año 2017 y fue elaborado por el el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Ministerio de Salud (MINSAL), y el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP).
“Las conclusiones de este estudio nos invitan a ver las dos caras de la misma moneda, y son un llamado a la acción”, dijo Miguel Barreto, Director Regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP).
El informe revela que en el año 2017 el costo de la doble carga en El Salvador equivale al 10,3% del PIB. De esta cifra, US$1.730 millones corresponden a costos por pérdida de productividad, US$820,5 millones a costos extras en salud y US$8,7 millones a costos en educación.
En cuanto al costo social, el estudio muestra que 4 de cada 10 niños con desnutrición no finalizan la escuela primaria y 8 de cada 10 no finalizan la secundaria. También, 1 millón de salvadoreños padecen diabetes e hipertensión a consecuencia de sobrepeso u obesidad, siendo estas condiciones las que generan el mayor costo en salud.
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),a reiteró su llamado a los países “a hacer todos los esfuerzos necesarios para transitar hacia un nuevo paradigma en los modos de producción y de consumo, lo cual es clave en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Las recomendaciones están dirigidas a construir e implementar políticas públicas multisectoriales que permitan abordar las dos caras de la malnutrición e incrementar la asignación de recursos públicos para hacer frente a estos problemas de salud pública. También se hace imperativo fortalecer las alianzas público-privadas para identificar conjuntamente estrategias para un abordaje integrado de estas condiciones.
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