Tras reglamentar la Ley de Política Agroalimentaria, se disponen los lineamientos para el desarrollo del sector agropecuario y la producción sostenible, para que los beneficios lleguen a los hombres y mujeres del campo.
(M&T)-. El martes 18 de julio, el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, firmó el decreto ejecutivo que reglamenta la Ley 352 del 2023, que establece la Política Agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones.
En este sentido, el decreto impulsará el desarrollo del sector agrícola y pecuario, además de asegurar la aplicación de agrotecnología, productividad, competitividad, soberanía alimentaria, orientada a la generación de empleos y promoción de la economía rural, para producir alimentos accesibles al consumidor.
Hay que tener en cuenta que en el sector rural agrícola vive el 37% de la población panameña, representando 1.4 millones de habitantes, es decir, que es una actividad que genera el 2% del Producto Interno Bruto (PlB) y aporta el 14.5% del empleo. De acuerdo con el último censo agropecuario, el 81% de los productores son del segmento de agricultura familiar; es decir, más de 200 mil agricultores familiares.
Mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promovidos desde el 2017, se declaró el periodo 2019 al 2028 como la Década Internacional de la Agricultura Familiar, con lo cual se reafirma su importancia.
Cabe mencionar que, entre los objetivos del Gobierno Nacional está combatir la pobreza y la desigualdad, garantizar la seguridad alimentaria del país, mejorar los ingresos de la población, garantizar la competitividad de los productores, promover un mercado justo garantizando que los productores nacionales tengan oportunidad de vender sus productos.
La Ley 352 dicta los lineamientos de la Política Agroalimentaria de Estado para el desarrollo del sector agrícola y pecuario, con equidad y sostenibilidad, que aseguren la aplicación de agrotecnología, productividad, competitividad, soberanía alimentaria y seguridad jurídica con enfoque inclusivo, territorial y sostenible, orientada a la generación de empleos y promoción de la economía rural.
Esta Ley declara como prioridad del Estado la producción agropecuaria nacional como instrumento para asegurar el derecho a la alimentación adecuada de la población y la seguridad y soberanía alimentaria nacional. Establece los pilares, los objetivos, las áreas estratégicas y los lineamientos de la Política Agroalimentaria del Estado.
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