El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), aprobó oficialmente la donación por $20 millones para Costa Rica para la implementación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables.
(M&T)-. El BID aprobó hoy otorgar US$20 millones no reembolsables a Costa Rica para la implementación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables. El objetivo de esta donación es contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población local y migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación.
Costa Rica es principalmente un país de destino para los migrantes y tiene una amplia tradición de inclusión, con políticas receptivas hacia migrantes y refugiados. Ante el creciente número de migrantes que ingresan al país, o que hacen tránsito en su camino a Estados Unidos, surgen nuevos retos de seguridad para esta población: riesgos de convertirse en víctima y/o victimarios del crimen y la violencia, limitada capacidad institucional para atender necesidades de los migrantes, o el aumento de actitudes en contra de la migración, entre otros.
En este contexto, la donación es posible gracias a que Costa Rica es uno de los países elegibles para acceder a los recursos de la Facilidad No Reembolsable para Apoyar a Países que Reciben Flujos Migratorios Intrarregionales Repentinos y de Gran Magnitud, que el BID constituyó con recursos propios en 2019 por US$100 millones.
El programa será ejecutado por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) y consta de dos componentes: prevención social de la violencia y fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios.
El primero permitirá ampliar la infraestructura y los servicios orientados a la prevención de la violencia, beneficiando tanto a la población migrante como a las comunidades de acogida en diversas regiones del país. Por medio del segundo componente se fortalecerán las capacidades institucionales de la Dirección General de Migración y Extranjería para atender los flujos migratorios, con el objetivo de promover la inclusión socioeconómica de la población migrante y así reducir sus niveles de vulnerabilidad y exposición a delitos y violencia.
La iniciativa complementará el trabajo que ya se realiza en el país a través del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, financiado por el BID mediante un préstamo por US$100 millones. Dicho programa incluye la construcción de delegaciones policiales y la creación de Centros Cívicos por la Paz en comunidades vulnerables.
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