Por: Alejandra Samayoa Editora M&T (M&T)-. Según varios medios del país centroamericano, aún continúan hablando y exponiendo sobre las implicaciones de la adaptación y uso del Bitcoin para el pueblo salvadoreño, siendo la última noticia la reunión que sostuvo el Fondo Monetario Internacional FMI con el Gobierno de El Salvador.
Economía, finanzas y el Bitcóin fue la agenda de estas dos instituciones que han sido seguidas por economistas, empresarios, profesionales y firmas legales, ya que la información que sea revelada al mundo puede variar la forma en la que se podrán utilizar estas monedas digitales.
Esta ley fue aprobada por el Parlamento salvadoreño y ya entró en vigencia, muchos ciudadanos ya comienzan a utilizar esta criptomoneda para ver como adaptarla a su estilo de vida, ya que es considerada una forma legal de hacer transacciones.
Por su parte, aún están expectantes las empresas bancarias, de inversión, agencias calificadas, entre otros sobre a qué acuerdos podrá llegar el Estado con la FMI. Esto debido a toda la información que ha sido proporcionada que deja entre ver que existen problemas y circunstancias legales que podrían verse afectando la economía del país.
Meses de cambios
Además de la ley del Bitcóin, también fue aprobado y publicado en el Diario Oficial el nuevo salario mínimo en el país, siendo aún más cuestionado el Presidente Nayib Bukele, ya que, según algunas instituciones privadas, no tomó en consideración realizar investigaciones que respalden estas acciones.
Otro punto que ha resaltado algunas entidades es que en medio de la crisis provocada por la pandemia desde el año pasado, y la poca recuperación económica que ha presentado el país, muchas empresas no podrán cumplir con el aumento a los salarios, sin embargo, el Estado ha dicho que una readecuación a sus finanzas y aplicando algunas estrategias, se podría mejorar la calidad de vida de los salvadoreños y al mismo tiempo disminuir la crisis económica.
Los detractores afirman que estas acciones no han generado un buen impacto en la población, no ha dejado un estado de temporalidad adecuado para que empleadores puedan tomar cartas en el asunto y verificar la viabilidad. Por su lado, el estado a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, informó que se estarán haciendo campañas y verificaciones para que las empresas cumplan con este mandato.
La ley fue publicada en julio y entra en vigencia a partir del primero de agosto del 2021.
Según analistas, aún queda esperar que otros cambios grandes realizará el estado y cuáles podrían ser las contra propuestas de entidades como el FMI, el Congreso y otros órganos internacionales.
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