Geraldine Varela / geraldine.varela@connectab2b.com
Por Cepal
La desigualdad y el bajo crecimiento se asocian y conspiran contra el desarrollo, la innovación, la inclusión y la productividad, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en una intervención en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) que se celebra en la ciudad suiza de Davos.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó como moderadora en el panel Strategic Outlook: Latin America (Perspectiva Estratégica: América Latina), que abordó las presiones internas que enfrentan los gobiernos y los desafíos para un futuro sostenible, próspero y seguro en la región.
Durante su intervención, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL afirmó que, en 2019, 8 países de la región cambiaron a sus líderes y fue un año histórico en términos de agitación social.
El crecimiento económico se desaceleró en 18 de los 20 países de América Latina y en 23 de las 33 economías de la región de América Latina y el Caribe en general. La región creció 0,1% en el 2019 y se proyecta un crecimiento de 1,3% en 2020.
Añadió que, si bien los países han progresado mucho en términos de reducción de la pobreza, no han hecho el mismo esfuerzo por combatir la desigualdad, cuya persistencia está en el corazón de las crecientes demandas y presiones sociales que han surgido con intensidad en varios países de la región.
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“La desigualdad conspira contra el crecimiento y recientemente ha dado lugar a conflictos por demandas sociales insatisfechas, como la insuficiente provisión de bienes públicos y la baja protección social”, afirmó.
Alicia Bárcena subrayó que en las últimas décadas América Latina y el Caribe ha experimentado un impresionante crecimiento de los estratos de ingresos medios que, sin embargo, siguen experimentando numerosas vulnerabilidades, tanto en lo que respecta a sus ingresos como al ejercicio de sus derechos.
Precisó que a 2017, más de la mitad de la población adulta (52%) de los estratos medios no había completado 12 años de escolaridad, mientras que el 36,6% tenía ocupaciones con un alto riesgo de informalidad y precariedad. Además, el 44,7% de las personas económicamente activas de los estratos medios no están afiliados o no cotizan en un sistema de pensiones.
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Para enfrentar el flagelo de la desigualdad en la región, precisó, se requieren políticas universales de inclusión social y laboral que contribuyan a aumentar las capacidades humanas, la productividad y el crecimiento económico, a la vez que instalan una cultura de derechos y de ciudadanía social.
Agregó que la región requiere de un nuevo pacto social como instrumento político para implementar, en un contexto democrático, las políticas y las reformas institucionales con perspectiva estratégica, de mediano plazo y con menores riesgos de que sean revertidas.
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