Icefi lanzó una síntesis en dónde se analizan los factores que han puesto en movimiento las economías en la región, que, según expertos, podría verse menos creciente este año en comparación del 2022.
(M&T)-. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales presentó la síntesis "Panorama de las Finanzas Públicas en Centroamérica 2023", un análisis de la situación fiscal al cierre de 2022 y la que se proyecta para este año en todos los países de la región.
Según el documento, a pesar que el nivel de recaudación de impuestos esperado para 2023 disminuirá debido a la desaceleración económica mundial y al final de los efectos exógenos del año anterior, los déficit fiscales serán relativamente bajos y la deuda pública experimentará una disminución ligera.
El análisis evalúa las tasas de crecimiento económico de los últimos años y concluye que los niveles de crecimiento extraordinario de 2021 no se debieron a la implementación de estrategias económicas sin precedentes, ya que el análisis técnico muestra un ritmo económico incluso ligeramente por debajo a lo normal, por lo que los datos indican que en 2022 la actividad económica retomó una dinámica similar al crecimiento potencial de cada país, y reportará una ligera desaceleración en 2023 producto de la crisis mundial, especialmente en los principales socios comerciales regionales.
Pese a que, a la fecha, el tamaño de las economías de todos los países de la región ya se recuperó de los datos de 2019, previo a la pandemia, el texto afirma que parte de la riqueza que debió generarse en cada país entre 2020 y 2022 se perdió y no se podrá recuperar en el corto plazo, ya que fueron demasiados desafíos, medidas y la retracción de la economía fue, sin duda alguna, una situación que ninguna nación pudo prever, incluso, las más grandes como Estados Unidos.
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En materia de ingresos, el Icefi destaca que la carga tributaria regional aumentó en promedio 0.4% del PIB en 2022, teniendo los aumentos más importantes en Panamá con 0.9%; en El Salvador y Nicaragua con 0.4%; mientras que en el resto de países el aumento fue 0.3% del PIB.
La carga tributaria del gobierno central más alta de Centroamérica continuó siendo la de El Salvador con 20.7% del PIB, seguida de la de Nicaragua con 19.5%, Honduras con 17.6%, Costa Rica con 14.2%, Guatemala con 12.1% y Panamá con tan solo 8.0%.
Para este año se espera que, luego de que finalizaran los efectos exógenos que incrementaron las cargas tributarias en 2022, regresarán a niveles similares a los observados al cierre de 2021. Sin embargo, atendiendo a la antigua práctica de subestimación de los ingresos tributarios en los presupuestos, la mayor parte de los países proyectaron valores muy por debajo de su realidad económica y eficiencia recaudatoria.
De su lado, Nicaragua presupuestó una disminución del 3.1% en la carga tributaria, mientras que Guatemala y El Salvador en 1.2%, y Costa Rica, de una forma más discreta, en 0.5% del PIB. El país que parece haber realizado una estimación más acorde al comportamiento de su economía y a su capacidad recaudatoria es Honduras, al presupuestar un retroceso del 0.2% del PIB.
Mientras, Panamá es el único país que proyectó crecimiento en su nivel recaudatorio, ya que estima un incremento de su carga tributaria de 0.9% del PIB, resultado del esfuerzo por recuperar las capacidades recaudatorias perdidas desde el período 2015- 2017.
Hablando del gasto público, es evidente el propósito de retornar a niveles similares a los observados previo a la pandemia. Los datos preliminares disponibles muestran que en 2022 los países que redujeron su gasto público fueron El Salvador, Honduras y Panamá, con 2.7%, 2.5% y 1.7% del PIB.
Únicamente Guatemala, producto del otorgamiento de subsidios al consumo de gasolina, aumentó su gasto público en 2022 en el orden del 1.2% del PIB. Además, para este 2023 el país que presupuestó un incremento importante en el gasto público es Honduras con 25.2% del PIB, seguido de El Salvador con 23.3% y Costa Rica con 18.8%.
Que, por su lado, el país que menos gasto público presupuesta, a pesar del muy pobre nivel de vida de su población, es Guatemala, que aprobó el equivalente al 14.0% del PIB. Panamá plantea un presupuesto de gastos del orden del 17.7% del PIB, mientras que Nicaragua lo hace en 16.9%, siendo este último valor prácticamente inalcanzable, atendiendo a la realidad de su funcionamiento público de los últimos años.
Con base en estos resultados proyectados en los ingresos y gastos públicos, el Icefi concluye que el déficit fiscal de Honduras se incrementará en 2023 hasta 6.3% del PIB, el cual puede considerarse peligroso desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
El informe también afirma que por fuertes subestimaciones en la recaudación tributaria presupuestada para 2023, el déficit fiscal en Costa Rica y Guatemala se incrementará a 3.6% y 2.5%, respectivamente, mientras que el del resto de países de la región disminuirá, como parte del esfuerzo por reducir el saldo de su deuda pública. La institución estima que al cierre de 2023 el saldo de la deuda pública regional media se reducirá de un valor medio en 2022 de 54.9% del PIB, a 54.0% del PIB, destacando los casos de El Salvador con 73.3% del PIB, Panamá con 63.8% y Costa Rica con 63.7%. Guatemala continuará teniendo el saldo de la deuda pública más pequeño de la región, con 30.2% del PIB, mientras que Nicaragua con 38.6% y Honduras con 54.6% del PIB, el único país cuyo déficit fiscal podría tornarse explosivo en los próximos años.
Además, en materia de efectividad y transparencia fiscal, el Icefi concluye que sigue latente la falta de evaluación de la calidad del gasto público y la ejecución de estudios de la relación entre su beneficio y su costo, lo que impide conocer los beneficios reales de la acción del Estado.
El análisis resalta que el último informe del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional da a conocer que, con la salvedad de Panamá que mejoró ligeramente su posición en 2022, los demás países empeoraron o mantuvieron la percepción de corrupción en la gestión pública, evidenciando la ineficacia y la ausencia de políticas nacionales para mejorar el uso de los recursos públicos. Guatemala, Honduras y Nicaragua permanecen dentro de la cuarta parte de los países que son considerados como los más corruptos del mundo.
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