(M&T)-. En promoción de los Derechos Humanos en contextos de migración y desplazamiento forzado, Cristosal monitorea, analiza de forma permanente la situación de migración y brinda acompañamiento a personas migrantes retornadas en Guatemala, Honduras y El Salvador.
En este sentido, desde noviembre del año 2020 han impulsado una nueva herramienta que permite captar vulneraciones, este es el Sistema de Protección de Derechos Humanos que busca apoyar a grupos vulnerables, como personas LGBTIQ+, privadas de libertad, migrantes, retornadas, desplazadas forzadas o víctimas de abuso de poder o autoridad.
“Este sistema permite acercar los canales de denuncia a la población en general, de tal manera que puedan buscar ayuda antes de verse orillados a tomar el camino de la migración como única alternativa viable ante su situación de vulnerabilidad”, expresó Flor de María Salazar, Coordinadora Nacional de Cristosal en Guatemala.
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Pese a la pandemia por COVID-19, la migración irregular continúa siendo un fenómeno recurrente en la región. En el caso de Guatemala, hasta septiembre del año en curso han sido detenidas un total de 250,966 personas en la frontera sur de Estados Unidos, de ellas, 54,723 son niños, niñas y adolescentes.
Estos datos representan un promedio aproximado de 919 personas guatemaltecas detenidas diariamente. Este dato, proveniente de estadísticas de la U.S. Customs and Border Protection, refleja una tendencia al alza desde 2018, a pesar del descenso ocurrido en 2020 debido a la pandemia por COVID-19 y las restricciones de movilidad implementadas por los países de la región.
De igual forma, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hasta septiembre, han sido retornadas un total de 38,930 personas, provenientes de Estados Unidos (17.1%), y mayoritariamente de México (82.9%). Estos datos representan un aumento del 16.9% con respecto al mismo período del año 2020.
Las principales razones que les obligan a migrar son la violencia e inseguridad (51.9%), así como las condiciones económicas desfavorables (62%). Del grupo de personas que han migrado debido a la violencia e inseguridad, las amenazas (46.3%) y las extorsiones (41.5%) son los principales hechos que han ocasionado la migración.
Al retornar a Guatemala, las personas migrantes enfrentan situaciones de violencia e inseguridad que no les permiten regresar a sus territorios de procedencia. Un 58.2% de las personas atendidas por Cristosal mencionó que no podrían regresar a sus lugares de origen debido principalmente a las amenazas, la presencia de maras o pandillas, la delincuencia de la que fueron víctimas o las afectaciones por el cambio climático; esto implica que un grupo considerable de personas retornan al país corriendo peligro en su integridad física.
“Es urgente que el Estado preste atención a esta problemática con el fin de generar esfuerzos reales para garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas internas, migrantes y retornadas. Sin embargo, los intentos recientes por desarticular el funcionamiento de fiscalías claves del país y destituir a jueces independientes genera mayores arbitrariedades y abusos de poder, lo que deteriora la posibilidad de acceso a la justicia por parte de la población”, agregó Salazar.
Cristosal reitera la urgencia de un sistema de protección estatal que brinde atención integral a la población desplazada interna y migrante, especialmente al grupo de retornados que se enfrentan a las mismas condiciones de vulnerabilidad en sus lugares de origen que hicieron que abandonaran el país.
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