Uno de los principales frenos que han impedido que las compañías avancen con plenitud y tranquilidad hacia la transformación digital es la brecha de seguridad. Los crímenes de ciberseguridad han aumentado recientemente conforme se complejizan las infraestructuras de datos en las redes.
Desde el ámbito público, han sido pocas las medidas que han tomado los gobiernos para legislar y combatir las violaciones de los datos. Por ejemplo, en el caso europeo se exige a las compañías de seguridad comunicar sobre los atentados a la información que han sufrido personas físicas o jurídicas, salvo que se ponga en riesgo los intereses o las libertades de los afectados directos.
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No obstante, para solventar esta problemática, las compañías de tecnologías de la información, han intentado implementar protocolos para actuar en estas situaciones críticas, para minimizar el impacto económico y reputacional que un ataque de ese calibre pueda ocasionar. Por ello es que han tenido que incorporar en sus presupuestos gastos destinados a la protección de la información privada.
También se han venido creando nuevos tipos de protección de dispositivos, se ha fortalecido la seguridad para la adopción a la nube, diseños de programas que previenen y detectan ataques cibernéticos, aplicaciones para la autenticación de teléfonos inteligentes y sistematizaciones para la verificación de respaldos.
Por otro lado, las empresas privadas deben aprender a sensibilizar a la opinión pública sobre el por qué se debe controlar la información de la empresa, cómo debe almacenarse dicha información en los dispositivos de almacenamiento más comunes y un protocolo para su recuperación y conservación.
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