El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una operación para Costa Rica por valor de US$265 millones, que busca asegurar los niveles mínimos de ingreso y de empleo para la población más vulnerable del país -en el período inmediato y durante la recuperación económica- frente a la crisis causada por el COVID-19.
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De acuerdo lo explicado, el proyecto contempla varios componentes de apoyo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para atender a trabajadores del sector informal y formal, tales como: el financiamiento de transferencias monetarias a trabajadores del sector informal y formal, incluyendo desempleados, trabajadores con reducción total o parcial de ingresos y trabajadores independientes a través del Bono Proteger.
Además, actividades de capacitación para mejorar las habilidades y facilitar la inserción laboral formal, fortaleciendo el programa Empléate, para que pueda responder de manera rápida y adecuada en la etapa de recuperación de la crisis; o subsidios salariales para empresas del sector turismo, condicionados a que mantengan sus niveles de empleo, entre otros. En total, la operación beneficiará a más de 365.000 personas a través del Bono Proteger.
“Las repercusiones del COVID-19 afectarán a los ingresos de la mayoría de los costarricenses, particularmente de los grupos más vulnerables, muchos de ellos trabajadores informales y migrantes”, afirmó José Ramón Gómez, Representante del BID en Costa Rica.
Según el directivo, este proyecto permitirá que dichas personas puedan mantener niveles mínimos de bienestar y que quienes han perdido su empleo o trabajan en el sector informal, puedan insertarse en el mercado de trabajo cuando pase la crisis. “Además, la operación impulsará la recuperación de un sector tan importante para el país como es el turismo, que antes del coronavirus representaba el 8% del PIB y el 9% del empleo del país”, aseveró.
La operación de US$265 está compuesta por US$245 millones provenientes de recursos del Capital Ordinario del BID, con una tasa de interés basada en LIBOR y un plazo de amortización de 25 años; y US$20 millones no reembolsables provenientes de la Facilidad No Reembolsable del BID para Apoyar a Países que reciben Flujos Migratorios Intrarregionales Repentinos y de Gran Magnitud.
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